La Biblioteca del Colegio de Abogados de Granada ha recibido la donación de un ejemplar del libro Actividad pericial y proceso penal, publicación que ya se encuentra a disposición de los colegiados en las dependencias de la calle Cárcel Alta. El libro ha sido entregado directamente por su autora, la profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada Aurora García Vitoria. Se trata de una monografía editada por Tirant Lo Blanch en la que se analizan delitos como el falso testimonio o aspectos fundamentales de la prueba pericial caligráfica.

Las aportaciones de los mutualistas ascendían a 209 millones de euros a finales de octubre 2009, un 5,3 % más que el año anterior en la misma fecha. En este incremento han contribuido muy positivamente las aportaciones extraordinarias al Plan Universal con un incremento del 74,9% con respecto al 2008 y los 13,4 millones de nuevas aportaciones a las rentas vitalicias. Asimismo, el volumen de ahorro gestionado ha alcanzado, a 31 de octubre, los 2.724 millones de euros, un 12,3% más que el año anterior en la misma fecha, 250 millones más, estando previsto superar a final de año los 2.743 millones fijados en el presupuesto.Por último, los rendimientos de las inversiones, alcanzan a mediados de noviembre el 5,89%, lo que permitirá retribuir el Plan Universal en 2009 como mínimo en el 5,30%. Por éste y otros motivos, animamos a los mutualistas a realizar aportaciones antes de que finalice el año y se beneficien de esta rentabilidad así como de las ventajas fiscales.

El pasado 29 de septiembre los 328 diputados asistentes al Pleno del Congreso aprobaron por unanimidad una Proposición no de Ley instando al Gobierno a realizar en el plazo de seis meses las reformas legislativas necesarias para proceder a la plena y efectiva universalización de la asistencia sanitaria. A pesar de que en el artículo 41 de la Constitución Española se reconoce que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, hoy en día no se cumple este precepto, porque, aunque la sanidad pública se financia con los impuestos de todos los españoles y el Estado transfiere a las autonomías una cantidad por cada ciudadano residente, en la práctica, sólo reciben la tarjeta sanitaria los afiliados a la Seguridad Social.

Esta paradoja proviene desde cuando el sistema sanitario dependía de la Seguridad Social y tan sólo recibían asistencia sanitaria sus afiliados. En la actualidad los servicios de salud están trasferidos a las Comunidades Autónomas desde el Ministerio de Sanidad sin haberse subsanado que aún quedan excluidos de este servicio un número limitado de ciudadanos, un 0,6% de la población según el Defensor del Pueblo. Por este hecho, algunos colectivos profesionales que optaron por otro tipo de previsión social o mutualidad, como arquitectos; abogados; algunos autónomos agrarios; ciudadanos extranjeros residentes y grupos vulnerables y excluidos de nuestra sociedad se han visto privados de un derecho constitucional.

Ponencia de Asistencia Sanitaria defendida por la Abogacía

Desde el año 2007 las instituciones de la abogacía (el Consejo General de la Abogacía Española y la Mutualidad de los abogados, junto con los Colegios de Abogados en cada Comunidad Autónoma en su papel de defensores de los derechos de los ciudadanos en un Estado de justicia e igualdad, trasladaron en una Ponencia a los grupos parlamentarios y a cada una de las consejerías de sanidad de las Comunidades Autónomas el agravio y discriminación que suponía que un pequeño número de ciudadanos no tuviese derecho a la sanidad pública. El fruto de esos postulados ya se ha materializado en las Comunidades de Galicia y Cataluña, donde ya se han aprobado sendas medidas encaminadas a reconocer el derecho a la atención sanitaria gratuita para todos sus ciudadanos. En Galicia, ya se ha entregado la tarjeta sanitaria a un colectivo al servicio de la comunidad como son los abogados del turno de oficio que carecían de la misma, y se ha publicado la Ley de sanidad gallega que establece el derecho a la asistencia universal y gratuita para todos los residentes en esta comunidad. Y en Cataluña se ha materializado un acuerdo de la Consejería de Sanidad y el Servicio Catalán de Salud con el Consejo catalán de Colegios de Abogados, para la progresiva entrega de las tarjetas sanitarias a los abogados.

Proposición no de Ley aprobada por unanimidad

Ahora, a partir de la aprobación de la Proposición no de Ley, el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a promover el carácter universal (…) y el derecho efectivo a la asistencia sanitaria de los españoles (…), modificando las leyes generales de sanidad y de seguridad social que sean precisas. Entretanto, el texto recoge que se garantice el acceso a los españoles residentes en términos de igualdad a la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Desde las instituciones de la abogacía se valora muy positivamente la unanimidad del voto de los Grupos Parlamentarios al acoger las Conclusiones de su Ponencia de Asistencia Sanitaria en contra de la discriminación de los derechos básicos de los ciudadanos que suponía aquella disfunción.