Los procesos concursales en Granada siguen la tónica del resto del país, es decir, las empresas que acuden a ese procedimiento lo hacen tarde, cuando la viabilidad está muy comprometida, y esa tardanza se traduce en que los concursos que terminan en un convenio que permite la continuidad de la compañía son una minoría. De hecho, más del 90% se cierran con la liquidación. Emilio Beltrán, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad San Pablo CEU, considera que son varios los motivos que provocan esa tasa de muertes empresariales, “son procesos largos, costosos y, sobre todo, no se ofrece alternativa a las empresas”.

Durante la Jornada sobre Derecho Concursal que organizan conjuntamente los colegios de Abogados y Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada, este experto destacó que la reforma de la Ley Concursal del pasado mes de marzo recoge que los acuerdos de refinanciación o cambio de condiciones a los que llegue una sociedad con sus acreedores para poder continuar con su actividad, no pueden variarse si finalmente se llega al concurso de acreedores, pero, desde su perspectiva, “la reforma perdió la oportunidad de ir un poco más allá y ofrecer un cauce alternativo o complementario a los concursos”. En esta línea sostiene que “se debería haber regulado una especie de  preconcurso que diera a las empresas una vía  más adecuada que la única que tienen ahora, que es un procedimiento muy costoso y complejo”.  Así, sería más viable salvar tanto la empresa como los puestos de trabajo. Beltrán considera que si a la empresa “se le dan más opciones, más flexibilidad, más posibilidades de negociar y procesos más baratos y simples, estaremos favoreciendo su continuidad y evitaremos que  trate de escapar, que se endeude cada vez más, que venda lo que no debe, que oculte sus bienes, etc”.

Otro de los aspectos concursales abordados en la jornada propuesta por los colegios de Abogados y Titulados Mercantiles, fue el relativo a los plazos. Más en concreto, Blas Alberto González, magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Granada, se centró en el artículo 5.3 y las posibilidades que ofrece ese punto para congelar el plazo de dos meses que la Ley Concursal otorga para que la empresa presente solicitud de concurso, desde que aprecia la insolvencia. Ese artículo permite congelar ese plazo y concede un trimestre para que los deudores puedan ponerse en contacto con los acreedores para intentar llegar a un arreglo. Sin embargo, una cosa es lo que pretende la Ley y otra su uso. De ahí que el juez de lo Mercantil de Granada sostenga que “los deudores utilizan este resquicio, este escudo protector, para intentar refinanciarse y eliminar la insolvencia, pero no es ese el objetivo de la Ley, sino el de alcanzar convenios con los acreedores”. En su opinión, esa concepción finalista de la redacción de la Ley ha restringido su ámbito de aplicación, si bien en la práctica se utiliza para las dos cosas. “La mayor parte de los deudores no están en condiciones de alcanzar un convenio con el acreedor y lo que quiere es tener un periodo de tranquilidad para poder refinanciar su deuda, sobre todo con los bancos”, destaca el magistrado.

La Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía demanda el cese del populismo punitivo por parte de todos los partidos políticos ante el debate abierto sobre la necesidad de implantar la cadena perpetua, así como la necesidad de abrir un debate alternativo, que verse sobre la ineficacia del sistema penal actual para abordar la reinserción.

El artículo 25 de la Constitución Española es concluyente al establecer que las penas privativas de libertad se han de orientar a la reeducación y reinserción social y toda pena que no cumpla dicho requisito, atenta contra el artículo 15 de la Constitución que repudia cualquier trato inhumano y degradante, además de impedir hacer efectiva la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad, a las que se refiere el artículo 10 de nuestra carta magna. La duración de la pena privativa de libertad en España es superior a aquella que cumplen en otros países que contemplan la cadena perpetua. De hecho en España una persona que ha cometido distintos delitos, que no pudieran ser enjuiciados en un mismo procedimiento, puede cumplir una pena privativa de libertad superior a 40 años, límite teórico.

El cumplimiento de condenas privativas de libertad de larga duración, producen efectos físicos y psíquicos irreversibles en las personas. No parece razonable reabrir un debate vinculado a la seguridad, cuando España es el cuarto país más seguro de la Unión Europea, por delante de muchos otros que tienen la cadena perpetua en su legislación, como Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido, este último con el doble de delincuencia que España. Por tanto, ninguna relación existe entre la cadena perpetua y seguridad ciudadana, como tampoco lo existe entre pena de muerte y seguridad.

El debate de la cadena perpetua se viene introduciendo cada vez que se produce un hecho delictivo grave que causa alarma social. No obstante, la política criminal, al igual que cualquiera otra, no puede encontrar su justificación en la citada alarma social y de su repercusión mediática.