El hecho de que se hayan cumplido cinco ediciones consecutivas revela hasta qué punto es importante el dominio de las herramientas jurídicas aplicables a la valoración del daño corporal. El viernes pasado se celebró en el Colegio de Abogados una nueva Jornada sobre la Valoración del Daño Corporal que, como viene siendo habitual, contó con la participación de destacados expertos en la materia. Antonio Mir, diputado de la Junta de Gobierno, fue el encargado de presentar unas jornadas que tienen su referencia en el Curso de Valoración del Daño Corporal que año tras año organiza la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas.

La Jornada del viernes, eminentemente práctica, consistió en una mesa redonda sobre la prueba pericial médica en el daño que estuvo moderada por el presidente del Grupo de Circulación y Seguros del ICAGR, José María Hernández-Carrillo, y en la que intervinieron el magistrado de Primera Instancia 11 de Granada y juez decano de Granada, Francisco Sánchez Gálvez, y el abogado Javier López García de la Serrana, director del mencionado Curso de Valoración del Daño Corporal.

El abogado y presidente de la Asociación Española de Abogados especializados en RC y Seguros, Mariano Medina Crespo, fue el encargado de analizar el sistema legal valorativo desde la óptica impuesta por la doctrina de la Sala 1ª del Tribunal Supremo. Medina Crespo consideró esta doctrina como el verdadero comienzo jurisprudencial del sistema legal que valora el daño corporal.

Cualquier particular, empresa o profesional que desee recurrir a un servicio de asesoramiento en nuevas tecnologías o de  adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) podrá beneficiarse del convenio de colaboración alcanzado por el GAJ con María del Carmen Navarro Jiménez. Su empresa ofrece un 10% de descuento a los colegiados granadinos que contraten a través de la  Central de Ofertas cualquiera de los servicios que ofrece esta profesional.

El convenio, firmado por la tesorera del GAJ, Mercedes Pérez, contempla un precio especial para abogados que deseen contratar la adaptación de sus despachos a la LOPD, servicio que incluye la emisión de un informe y un documento de seguridad tras la recogida de información en los despachos profesionales, además del registro oportuno en la Agencia Española de Protección de Datos. Otra de las ofertas que recoge el citado convenio consiste en el asesoramiento en nuevas tecnologías: desde los requisitos jurídicos que deben cumplir todas las webs (avisos legales, protección de datos, publicidad, etc) hasta la contratación de bienes y servicios informáticos o la redacción de informes jurídicos.

La Mutualidad de la Abogacía ha ido cambiando desde 2007 su modelo de cartera inmobiliaria con un destacado éxito, al mantener sus plusvalías latentes (diferencia entre el valor de coste y el de tasación independiente) después de realizar algunas desinversiones sobre inmuebles de pequeño tamaño o con contratos complejos y con riesgo de insolvencia, y nuevas inversiones de mayor tamaño, con la idea de que las próximas compras estén por encima de los 15 millones de euros por operación. La previsión de rentabilidad anunciada a los mutualistas para 2010 es de un 5,72% gracias a estas operaciones.

Concretamente se ha pasado de un patrimonio de 57 inmuebles en 2008 con 132.000 m2, un valor contable de 364 millones de euros y una plusvalía latente de 131 millones, a disponer en 2009 de 44 inmuebles con 170.000 m2 con un valor de mercado de 466 millones de euros y con prácticamente la misma plusvalía latente, 130 millones de euros y un nivel de ocupación del 98% en los inicios de 2010, frente al 96% en 2007.

Se han desinvertido, en casos muy específicos, aquellos inmuebles que, por su pequeño valor, situación contractual (renta antigua o escasa, o cortos vencimientos), complejidad jurídica (proindivisos, por ejemplo), o por estar vacíos, contenían la ventaja adicional de aportar importantes plusvalías a la rentabilidad de los mutualistas: 30 millones de euros en los últimos dos años.

En definitiva, con la venta de inmuebles no rentables se ha conseguido mejorar la calidad valorativa de la cartera, aumentar su nivel de ocupación con inquilinos más solventes que aportan mayor rentabiliad y estabilidad al patrimonio, y un enfoque más equilibrado en la gestión. Esta transformación ha estado sustentada en la óptima capacidad de tesorería de los últimos años, con aportaciones record de ahorro de los mutualistas, que en 2009 han llegado a los 253 millones de euros. Para 2010 se prevé que entre aportaciones y rendimientos la Mutualidad hará nuevas inversiones por 400 millones de euros de los que 150 se destinarán a inversiones inmobiliarias en el presente ejercicio con una previsión de rentabilidad anunciada a los mutualistas del 5,72%.

En la actualidad, el valor de compra de las inversiones inmobiliarias de la Mutualidad constituyen el 12 % del total de sus inversiones (que suman en conjunto 2.750 millones de euros, conjuntamente con su cartera de valores compuesta básicamente por renta fija), siendo el objetivo para los próximos años el crecer y situarse en el entorno del 15 - 20% de las mismas. El patrimonio inmobiliario de la Mutualidad de la Abogacía está compuesto por un 59 % de oficinas, un 20 % de locales y un 21 % de otras tipologías (residencias de 3ª edad y aparcamientos, entre otros), ubicándose el 70 % de los inmuebles en Madrid, el 17 % en Barcelona y el 13 % restante en otras capitales españolas, además de un edificio de oficinas situado en centro de Berlín arrendado al servicio oficial de Correos y al Ayuntamiento del distrito de Tempelhoff.