N°8
Ilustre Colegio de Abogados de Granada
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La valoración del daño corporal: una materia de aprendizaje constante

El hecho de que se hayan cumplido cinco ediciones consecutivas revela hasta qué punto es importante el dominio de las herramientas jurídicas aplicables a la valoración del daño corporal. El viernes pasado se celebró en el Colegio de Abogados una nueva Jornada sobre la Valoración del Daño Corporal que, como viene siendo habitual, contó con la participación de destacados expertos en la materia. Antonio Mir, diputado de la Junta de Gobierno, fue el encargado de presentar unas jornadas que tienen su referencia en el Curso de Valoración del Daño Corporal que año tras año organiza la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas.

La Jornada del viernes, eminentemente práctica, consistió en una mesa redonda sobre la prueba pericial médica en el daño que estuvo moderada por el presidente del Grupo de Circulación y Seguros del ICAGR, José María Hernández-Carrillo, y en la que intervinieron el magistrado de Primera Instancia 11 de Granada y juez decano de Granada, Francisco Sánchez Gálvez, y el abogado Javier López García de la Serrana, director del mencionado Curso de Valoración del Daño Corporal.

El abogado y presidente de la Asociación Española de Abogados especializados en RC y Seguros, Mariano Medina Crespo, fue el encargado de analizar el sistema legal valorativo desde la óptica impuesta por la doctrina de la Sala 1ª del Tribunal Supremo. Medina Crespo consideró esta doctrina como el verdadero comienzo jurisprudencial del sistema legal que valora el daño corporal.

Asistentes a la jornada sobre valoración del daño corporal.
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Abogados que forman a futuros abogados

Qué mejor forma de formar a un profesional que integrarlo en el dían a día de lo que en un futuro será su nuevo trabajo. Ése es el espíritu del Practicum, una asignatura troncal incluida en el último curso de la Licenciatura de Derecho que permite al alumno introducirse en un ámbito puramente laboral bajo la supervisión de un abogado que ejercerá de tutor docente. Se trata, como ya conocen, de la asignación de uno o varios estudiantes a un letrado para que éste le marque un plan de trabajo y lo guíe en el día a día profesional. El Practicum es, por tanto, la primera toma de contacto real que el estudiante de Derecho tomará con el mundo jurídico. Se trata de una convivencia entre el alumno y el abogado que permitirá al primero adquirir una pericia práctica inestimable que sin duda le ayudará en sus comienzos como letrado.

Los abogados de la provincia juegan un papel fundamental en este proyecto. Son ellos quienes, de forma voluntaria, solicitan la adscripción de un alumno al despacho profesional bajo el compromiso de fijarle un plan de trabajo y supervisar su formación práctica en ese sentido. En la web de la Fundación podrán encontrar el modelo de colaboración con el Practicum. El plazo de solicitudes finaliza el 26 de febrero.

Alumnos del Practicum del curso pasado, en una visita al Colegio de Abogados.
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Los abogados andaluces piden mejoras en la Justicia

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha pedido a los Gobiernos central y regional "prioridad política para modernizar el funcionamiento de la maquinaria judicial". El portavoz del Consejo, José Joaquín Gallardo, ha asegurado que "en términos relativois, la Justicia no ha mejorado en Andalucía durante los treinta años de autonomía". El Consejo Andaluz, presidido por el decano de Granada, José María Rosales de Angulo, exige a los poderes públicos que la Administración de Justicia "cuente con los medios humanos y materiales necesarios para prestar el servicio público judicial en condiciones aceptables para la ciudadanía".

La Comisión Permanente del Consejo se reunió en Antequera el pasado fin de semana para analizar la situación actual del sistema y concretar una serie de medidas para trasladarlas al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía que permitan "modernizar decididamente la Justicia". El Consejo estima que la precariedad actual es una consecuencia de la "relegación de la profunda reforma estructural, organizativa y funcional que necesita la Justicia". A ello se une "la cicatería en la política de inversiones en medios humanos y materiales que también viene siendo tónica constante, tanto del Gobierno central como de la Junta desde que la Comunidad autónoma recibió las transferencias en esas materias".

La abogacía andaluza apuesta por una reforma en profundidad del sistema judicial "porque lamentablemente ese servicio público, esencial en todo estado de derecho, se presta en Andalucía cada vez con menos medios, mayores retrasos y menor calidad desde todos los parámetros".
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El GAJ firma un convenio de colaboración sobre la adaptación de profesionales a la LOPD y asesoramiento en nuevas tecnologías

Cualquier particular, empresa o profesional que desee recurrir a un servicio de asesoramiento en nuevas tecnologías o de  adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) podrá beneficiarse del convenio de colaboración alcanzado por el GAJ con María del Carmen Navarro Jiménez. Su empresa ofrece un 10% de descuento a los colegiados granadinos que contraten a través de la  Central de Ofertas cualquiera de los servicios que ofrece esta profesional.

El convenio, firmado por la tesorera del GAJ, Mercedes Pérez, contempla un precio especial para abogados que deseen contratar la adaptación de sus despachos a la LOPD, servicio que incluye la emisión de un informe y un documento de seguridad tras la recogida de información en los despachos profesionales, además del registro oportuno en la Agencia Española de Protección de Datos. Otra de las ofertas que recoge el citado convenio consiste en el asesoramiento en nuevas tecnologías: desde los requisitos jurídicos que deben cumplir todas las webs (avisos legales, protección de datos, publicidad, etc) hasta la contratación de bienes y servicios informáticos o la redacción de informes jurídicos.

Carmen Navarro, a la izquierda, junto a la tesorera del GAJ, Mercedes Pérez.
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La Mutualidad de la Abogacía mejora el rendimiento de su patrimonio inmobiliario a pesar de la crisis

La Mutualidad de la Abogacía ha ido cambiando desde 2007 su modelo de cartera inmobiliaria con un destacado éxito, al mantener sus plusvalías latentes (diferencia entre el valor de coste y el de tasación independiente) después de realizar algunas desinversiones sobre inmuebles de pequeño tamaño o con contratos complejos y con riesgo de insolvencia, y nuevas inversiones de mayor tamaño, con la idea de que las próximas compras estén por encima de los 15 millones de euros por operación. La previsión de rentabilidad anunciada a los mutualistas para 2010 es de un 5,72% gracias a estas operaciones.

Concretamente se ha pasado de un patrimonio de 57 inmuebles en 2008 con 132.000 m2, un valor contable de 364 millones de euros y una plusvalía latente de 131 millones, a disponer en 2009 de 44 inmuebles con 170.000 m2 con un valor de mercado de 466 millones de euros y con prácticamente la misma plusvalía latente, 130 millones de euros y un nivel de ocupación del 98% en los inicios de 2010, frente al 96% en 2007.

Se han desinvertido, en casos muy específicos, aquellos inmuebles que, por su pequeño valor, situación contractual (renta antigua o escasa, o cortos vencimientos), complejidad jurídica (proindivisos, por ejemplo), o por estar vacíos, contenían la ventaja adicional de aportar importantes plusvalías a la rentabilidad de los mutualistas: 30 millones de euros en los últimos dos años.

En definitiva, con la venta de inmuebles no rentables se ha conseguido mejorar la calidad valorativa de la cartera, aumentar su nivel de ocupación con inquilinos más solventes que aportan mayor rentabiliad y estabilidad al patrimonio, y un enfoque más equilibrado en la gestión. Esta transformación ha estado sustentada en la óptima capacidad de tesorería de los últimos años, con aportaciones record de ahorro de los mutualistas, que en 2009 han llegado a los 253 millones de euros. Para 2010 se prevé que entre aportaciones y rendimientos la Mutualidad hará nuevas inversiones por 400 millones de euros de los que 150 se destinarán a inversiones inmobiliarias en el presente ejercicio con una previsión de rentabilidad anunciada a los mutualistas del 5,72%.

En la actualidad, el valor de compra de las inversiones inmobiliarias de la Mutualidad constituyen el 12 % del total de sus inversiones (que suman en conjunto 2.750 millones de euros, conjuntamente con su cartera de valores compuesta básicamente por renta fija), siendo el objetivo para los próximos años el crecer y situarse en el entorno del 15 - 20% de las mismas. El patrimonio inmobiliario de la Mutualidad de la Abogacía está compuesto por un 59 % de oficinas, un 20 % de locales y un 21 % de otras tipologías (residencias de 3ª edad y aparcamientos, entre otros), ubicándose el 70 % de los inmuebles en Madrid, el 17 % en Barcelona y el 13 % restante en otras capitales españolas, además de un edificio de oficinas situado en centro de Berlín arrendado al servicio oficial de Correos y al Ayuntamiento del distrito de Tempelhoff.