La Ley concursal, o al menos parte de esa ley, tiene los días contados. El hecho de proyectarse en unos tiempos de bonanza económica, cuando las empresas que recurrían al concurso eran escasas, ha tenido un gran peso en que las herramientas de que se dotó hayan sido insuficientes y complejas para afrontar la situación actual, según explicó Miguel Romero, presidente del Comité de Educación de la Escuela Concursal de Granada.

Para analizar los matices e implicaciones de los cambios previstos, la Escuela Concursal de Granada invitó a Ignacio Sancho, presidente de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. El marco fue la clausura del curso sobre La nueva Ley de Sociedades de Capital, celebrado en el Colegio de Abogados de Granada, donde Sancho pronunció la conferencia La sociedad en el concurso. Regulación actual y reforma proyectada. Según este experto, los cambios que se avecinan se centran en agilizar el procedimiento, mejorar los acuerdos de refinanciación e introducir algunos criterios nuevos para facilitar el cobro.

En esta línea, el magistrado explicó que los concursos son procesos largos y complejos, por lo que parece que la reforma pretende dotarlos de mayor agilidad y rapidez en su resolución. Ese objetivo se traduce en que la fase común, aquella en la que se determina la masa activa y la masa pasiva, confluyan antes de lo que viene haciéndose ahora, y también implica la posibilidad de ir a la fase de liquidación antes incluso de que termine la fase común, nada más comenzar el concurso, destacó Sancho. De esta forma, si el deudor prevé que irá a la liquidación, puede solicitarlo, lo que facilitará la venta de bienes. Después, cuando ya se conozca la lista de acreedores, se harán los pagos de acuerdo con ella. Igualmente, la reforma contempla una serie de medidas para que, al término de la fase común, sea posible ir directamente a la liquidación, salvo que haya habido una propuesta de convenio presentada con anterioridad.